El lucrativo negocio de la esclavitud contemporánea
El fenómeno creciente de la trata de indocumentados se explica en buena medida por la demanda de migrantes en el área laboral y por las restricciones impuestas en las fronteras nacionales, las cuales enriquecen a los traficantes de personas
Horroriza en el siglo XXI la inmoralidad que durante cuatro siglos significó el comercio de esclavos traídos desde África. Imaginar el cuerpo humano como mercancía desposeída de dignidad para el enriquecimiento de los tratantes se asoma en el imaginario contemporáneo como el relato de una época salvaje e involucionada.
Entre el año 1500, cuando dio inicio el negocio masivo de la esclavitud, y su declive en 1870, después de la Guerra Civil estadunidense, 10 millones de personas fueron objeto de una explotación inmisericorde. Fortunas cuantiosas de Europa y América se fundaron sobre los huesos, la sangre y la carne de esos seres humanos.
No es una equivalencia infundada comparar ese comercio esclavista de otros tiempos con el multimillonario negocio de la trata de migrantes de nuestros días. Hay, desde luego, disparidades que no resisten el paralelo histórico. Por ejemplo, mientras en el pasado los esclavistas ejercían la caza humana en Costa de Marfil o el Congo, ahora las personas explotadas abandonan por su propio pie Haití, Venezuela, Honduras, Guatemala, Libia, Siria o Etiopía. También difiere el hecho de que, en el destino final, las personas migrantes puedan conseguir un salario suficiente para pagar con autonomía techo y sustento. Sin embargo, el negocio que representa su traslado desde el lugar de origen es muy similar. Cada uno de esos cuerpos son mercancía que, conforme recorre distancias, aumenta su valor y por tanto el margen de ganancia para los tratantes.
En las últimas décadas los valores agregados de este comercio se han alzado sorprendentemente. Por ejemplo, en 2010 el costo implicado en un cruce ilegal a través de la frontera de los Estados Unidos se calculaba alrededor de 2 mil 300 dólares. Según cifras proporcionadas por el gobierno mexicano, hoy el promedio de ese servicio ronda los 5 mil dólares, aunque hay registros igual de confiables que mencionan los 10 mil dólares.
La diferencia de precio se tasa por la distancia recorrida. Si el migrante viene desde el continente africano, el costo puede ascender a los 15 mil dólares, mientras que tratándose de una persona mexicana que migró desde Zacatecas, el monto significa menos de un 10 por ciento.
Es posible aportar como primera conclusión que el negocio de la trata de migrantes se ha duplicado durante los últimos 10 años y también que la curva continúa ascendiendo aceleradamente conforme transcurre la tercera década de este siglo.
De acuerdo con el Comité de Seguridad Interior de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, entre 2021 y 2023 cruzaron de manera ilegal la frontera norteamericana 5.5 millones de personas, es decir, la mitad de los seres humanos que fueron objeto del comercio esclavo durante los cuatro siglos antes citados.
La misma fuente afirma que solo en 2021 el comercio de migrantes habría dejado una derrama de 13 mil millones de dólares, lo cual llevaría a multiplicar al menos por tres este monto si se quiere conocer la cifra de negocios del último lustro. Muy pocas empresas legales en el mundo pueden presumir ingresos tan elevados.
Es cierto que esos dineros se distribuyen entre un sinnúmero de participantes, pero el mayor margen de ganancia lo consiguen las organizaciones criminales que controlan las rutas migratorias más extensas. Así como los esclavistas contaban con barcos cada vez más grandes para mover su mercancía humana, los actuales traficantes son dueños de facto, de los extensos territorios a través de los cuales transita la migración.
En 1800 no en todo el mundo era legal la esclavitud, pero mientras esta forma de explotación existió siempre hubo autoridades cómplices. En esto también hay coincidencias con el presente. No habría rutas disponibles para tratar a las personas como mercancía sin el respaldo de las autoridades presuntamente legales. Esos funcionarios pueden ser policías, soldados, agentes migratorios, gobernantes municipales o regionales. Todos son indispensables para hacer que este comercio funcione.
Apartados de la ingenuidad, la colaboración de tales funcionarios depende, en esencia, del dinero disponible para comprar su participación en el negocio. A mayor volumen de recursos, más grande es la contribución de los gobiernos en la explotación migratoria.
Como sucede con el negocio de la droga, la ley de la oferta y la demanda es la única que el mercado de la explotación humana respeta incondicionalmente. Mientras haya demanda de trabajadores migrantes, y una oferta de personas explotables, este negocio será lucrativo.
El crecimiento reciente del volumen de este negocio se explica, además, porque la prohibición migratoria interviene sobre la relación entre oferta y demanda favoreciendo la multiplicación de las ganancias. En efecto, las medidas restrictivas para la movilidad de personas han crecido el valor agregado del mercado.
Funciona igual y como ocurre con la prohibición de productos tales como el alcohol o la droga. Si la demanda de trabajo migrante se mantiene estable, a mayor prohibición más grande es el margen de utilidad a favor de los tratantes de personas.
Luego, ese ingreso incrementado sirve para corromper a las autoridades supuestamente responsables de interrumpir el flujo migratorio. Esta es una paradoja que los responsables de esta política ignoran con frecuencia.
El fenómeno creciente de la trata de migrantes se explica en buena medida por esta lógica perversa. Las restricciones impuestas sobre las fronteras nacionales han enriquecido notablemente a los traficantes de personas. Prueba de ello es que este negocio ha superado en volumen monetario al del comercio de narcóticos.
De acuerdo con estimaciones de Óscar Balderas, periodista mexicano especializado en crimen organizado, la derrama de recursos proveniente de esta forma contemporánea de explotación humana es trece veces superior al ingreso que esas mismas empresas delincuenciales obtienen por el trasiego de fentanilo, el opiáceo más lucrativo de nuestra época.
Este cálculo económico explicaría por qué los tratantes dedicados a esta actividad ilegal han colocado como prioridad en sus negocios al tráfico de personas sobre el comercio de estupefacientes.
Dicho cambio en los patrones de mercado merece ser analizado con cuidado. Cuando lucrar con cuerpos humanos es mejor que comerciar con fentanilo hay una alarma que no debería pasar desapercibida.
Frente a esta realidad, sin embargo, la política continúa discutiendo el fenómeno con abundante demagogia: más preocupada por perseguir narcotraficantes que tratantes de personas, la política se obsesiona con una prohibición que solo beneficia a los esclavistas de la era contemporánea.
