El caso Colosio al servicio de la narrativa electoral
El asesinato de Luis Donaldo Colosio vuelve a ocupar un lugar estelar, no porque a 30 años de que ocurrió se busque hacer justicia, sino para emplearlo como argumento demagógico con propósitos electoreros.
El lunes de esta semana la Fiscalía General de la República (FGR) publicó un comunicado cuya flecha apunta hacia el corazón de varios adversarios políticos del gobierno. Acusa en primer lugar al juez federal Jesús Alberto Chávez Hernández de no haber hecho su tarea. Luego dirige su filo hacia el antiguo Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y sus directivos de aquella época.
Sin presentar realmente pruebas, el fiscal Alejandro Gertz Manero afirma que el juez Chávez Hernández actuó con parcialidad al desestimar evidencia que habría involucrado a un segundo tirador como responsable del homicidio. No es ingenua la intención del fiscal. Con este comunicado se metió de lleno en la campaña electoral. Es un espaldarazo al llamado plan C que propone dinamitar al Poder Judicial.
Ésta es la primera vez, en tres décadas, que el Ministerio Público asigna sobre los tribunales una supuesta obstrucción de justicia en el caso Colosio. Ocurre en coincidencia con el discurso machacón del presidente Andrés Manuel López Obrador en el sentido de que, en México, las personas juezas, magistradas y ministras no tienen remedio.
Funda la FGR su acusación concreta contra el juez argumentando que liberó equivocadamente a Jorge Antonio Sánchez Ortega, quien el día del asesinato se desempeñaba como elemento de seguridad del candidato presidencial priista. Este hombre era un agente del Cisen y después del magnicidio ocurrido en la colonia Lomas Taurinas de Tijuana, fue detenido ya que traía puesta vestimenta manchada con sangre de la víctima. También resultó que en sus manos había restos de pólvora, lo cual confirmaría la detonación reciente de una pistola.
En su momento estos dos elementos fueron calificados y desestimados como circunstanciales. Las manchas de sangre en la ropa podrían explicarse por la proximidad del ex empleado del Cisen con la víctima al momento en que le mataron. Tampoco resultaría extraño que, siendo un empleado de esa dependencia, hubiese practicado con armas de fuego en los días previos al magnicidio. Este sería el motivo por el que las pruebas de rodizonato de sodio resultaron positivas.
Con estos argumentos, Jorge Tello Peón, director del Cisen en 1994, instruyó para que se apoyara a la defensa de su subordinado. Envió a Tijuana a uno de sus directores más jóvenes para ayudar con la liberación al agente Sánchez Ortega. Ese director, quien entonces tenía 27 años, fue Genaro García Luna.
Cada una de estas piezas ayudaron a la FGR para elaborar el guion de una película al servicio de la trama electoral que se desarrolla en estos días: un ex agente del Cisen, bajo las órdenes del corruptísimo García Luna, que estuvo en Lomas Taurinas al momento de la tragedia, cuya ropa estaba teñida con sangre y cuyas manos tenían restos de pólvora.
No obstante, a esta historia le faltan rondanas y resortes a para ser verosímil. Eso no importa porque la FGR sabe, de antemano, que sus argumentos no van a prosperar en el terreno judicial. En un proceso serio esta historia cargada de dramatismo conspirativo no resistiría el escrutinio de los tribunales. Sin embargo, el propósito es otro. Mientras la FGR se suma a la lapidación contra el Poder Judicial, busca también arrimar mayor descrédito a los gobiernos que el presidente López Obrador detesta, destacadamente los encabezados por Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo.
Hay que reconocer que esta estrategia electorera ha sido muy eficaz. Esta semana puso a la opinión pública a girar con fuerza alrededor de la especulación. Debo mencionar que el detalle de la presencia de García Luna añadió condimento ya que, sin ninguna sutiliza, hilvanó alrededor de la misma conspiración actores pertenecientes a las administraciones panistas.
Es en este contexto que merecen entenderse las declaraciones de Luis Donaldo Colosio Riojas, hijo del candidato asesinado, quien en aquella fecha fatídica tenía solo ocho años. Con un estilo sereno y carente de lucro, el actual presidente municipal de Monterrey —y aspirante al Senado— solicitó al presidente López Obrador que permitiera el cierre de este asunto para que su familia y México pudieran sanar. “Hoy queremos darle la vuelta a la página,” exhortó.
Aunque la mayoría de los medios de comunicación se centraron en la solicitud que también hizo Colosio Riojas para que se indultara al supuesto primer tirador, Mario Aburto, lo verdaderamente relevante fue que dirigiera el mensaje al mandatario y no así al fiscal Gertz Manero. Habrá Colosio dado por sentado que la FGR burla la autonomía constitucional cada vez que se presta a hacer favores políticos sin importar cuán bajos e inmorales sean los pedimentos que le llegan desde fuera.
Tiene razón Colosio cuando dice que la justicia mexicana falló en este caso para proveer verdad y sancionar a los responsables. Pero al hacer esta declaración Colosio omitió lo obvio: que los errores más graves en la investigación sobre el asesinato de su padre se produjeron dentro de la antigua Procuraduría General de la República (PGR), a cargo de los antecesores de Gertz Manero.
Es falso que los jueces hayan desviado la investigación o puesto obstáculos para negar justicia. Fue desde la antigua PGR que se desechó la hipótesis del segundo tirador para colocar en su lugar la ficción del asesino solitario, a pesar de que la mecánica criminal del magnicidio, los testimonios y otras piezas de evidencia conducían las cosas hacia un lugar distinto.
¿Por qué la FGR saca ahora la responsabilidad de sus oficinas para trasladarla a los tribunales? La respuesta no tiene nada de descabellada: porque le pidieron a Gertz que se sumara a la andanada emprendida contra la Suprema Corte de Justicia.
