El gobierno de Estados Unidos anunció nuevas acusaciones penales contra presuntos integrantes de alto nivel del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y aumentó a más de 100 millones de dólares las recompensas destinadas a obtener información que permita la captura o condena de ocho líderes señalados por su participación en actividades criminales relacionadas con narcotráfico, armas y lavado de dinero.
La medida fue presentada de manera conjunta por distintas agencias estadounidenses, entre ellas el Departamento de Justicia, la Administración para el Control de Drogas (DEA), el Buró Federal de Investigaciones (FBI), Homeland Security Investigations (HSI), el Servicio de Impuestos Internos y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Las autoridades explicaron que esta acción forma parte de una estrategia para afectar las operaciones de organizaciones consideradas amenazas internacionales.
Estados Unidos ofreció la recompensa más alta, de 25 millones de dólares, por información relacionada con Juan Carlos Valencia González, identificado por las autoridades como uno de los principales dirigentes del CJNG. Además, estableció montos de hasta 15 millones de dólares por Audias Flores Silva, Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán y Julio Alberto Castillo Rodríguez, mientras que otros señalados tienen recompensas menores según el nivel de información buscada.
La ofensiva contra el CJNG incluye nuevas acusaciones por delitos como conspiración para traficar cocaína, metanfetamina, heroína y fentanilo hacia Estados Unidos, además del uso de armas de alto poder y operaciones financieras ilegales. Las autoridades estadounidenses señalaron que los integrantes investigados tendrían diferentes responsabilidades dentro de la estructura criminal, desde coordinación operativa hasta adquisición de recursos.
Los documentos judiciales mencionan al llamado Grupo Élite del CJNG como una estructura vinculada con actividades violentas y operaciones armadas. Según las acusaciones presentadas, algunos de sus integrantes habrían participado en entrenamiento de personas para actividades criminales, coordinación de ataques contra grupos rivales y control de operaciones en distintas zonas del estado de Jalisco.
Las autoridades estadounidenses también investigan posibles esquemas de fraude relacionados con propiedades vacacionales en México, los cuales presuntamente involucraban a algunos miembros del grupo y habrían generado recursos utilizados para financiar actividades ilícitas. El caso amplía el alcance de las investigaciones más allá del tráfico de drogas y refleja el interés por seguir las rutas financieras de la organización.
La presión internacional contra el CJNG continúa mediante acciones judiciales, financieras y de cooperación entre gobiernos. Estados Unidos señaló que buscará debilitar la estructura del grupo criminal mediante la identificación de sus líderes, el bloqueo de recursos económicos y la persecución de sus redes de operación vinculadas con delitos transnacionales.