El desalojo en Azcapotzalco de un edificio ubicado en la calle Cairo 266 volvió a poner bajo la lupa la actuación de la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y Protección Urbana (Fidampu) de la Ciudad de México. Decenas de familias fueron desalojadas durante un operativo realizado sin previo aviso, sin que los habitantes pudieran defender su permanencia o recuperar de inmediato sus pertenencias. El inmueble permanecía dentro de un proceso de expropiación para desarrollar vivienda social desde 2023, por lo que la intervención generó cuestionamientos sobre el respeto al debido proceso y los derechos de quienes habitaban el lugar desde hace años o habían ingresado posteriormente mediante contratos de arrendamiento.
De acuerdo con los testimonios de los vecinos, elementos de la Policía de Investigación ingresaron al inmueble durante la madrugada acompañados por personal de distintas dependencias. Los residentes aseguran que no recibieron explicaciones claras sobre el operativo ni tuvieron tiempo suficiente para sacar documentos, muebles, mascotas o artículos personales antes de que el edificio fuera asegurado. Además, explicaron que la investigación penal que dio origen a la intervención fue promovida por una persona ajena al conflicto histórico del predio, situación que incrementó la incertidumbre entre quienes esperaban ser beneficiarios del programa de vivienda social impulsado por el Gobierno capitalino. Mientras tanto, las autoridades ministeriales mantienen bajo resguardo el inmueble y las pertenencias que permanecen en su interior.
El desalojo en Azcapotzalco también reavivó el debate sobre la forma en que la Fiscalía Ambiental atiende conflictos relacionados con inmuebles en situación irregular. Diversos habitantes sostienen que el caso de Cairo 266 no es un hecho aislado, sino parte de un patrón de aseguramientos que evita resolver primero los litigios civiles sobre la posesión de los inmuebles. A ello se suma que el edificio ya contaba con una declaratoria de utilidad pública para construir vivienda social, proceso que quedó inconcluso y dejó a los ocupantes en un vacío jurídico. Esta situación podría generar nuevas controversias legales, especialmente porque algunos vecinos aseguran haber aceptado previamente las condiciones establecidas por el Instituto de Vivienda para la futura reconstrucción del predio.
El caso también adquiere relevancia porque ocurre mientras el Gobierno de la Ciudad de México ha reiterado su compromiso de proteger el derecho a la vivienda y atender los conflictos por despojo mediante mecanismos institucionales. Sin embargo, los hechos registrados en Cairo 266 evidencian la dificultad de coordinar las acciones entre las autoridades encargadas de la política habitacional y las instancias de procuración de justicia. El desenlace del proceso podría convertirse en un referente para otros inmuebles que enfrentan disputas similares y definir el alcance de las garantías para quienes habitan predios en proceso de regularización o expropiación.