El ciudadano común iría a prisión «si hiciera lo mismo que Hunter Biden»
El miércoles 26 de julio, en lo que fue un revés para el presidente Joe Biden, la jueza federal que debía aprobar el controversial acuerdo entre la Fiscalía y su hijo, Hunter Biden, por dos delitos fiscales de evasión de impuestos y otro cargo de posesión de armas, decidió rechazar el pacto y pedir más información sobre el caso.
El punto de contención, de acuerdo a reportes periodísticos, tuvo que ver con el acuerdo alcanzado entre las partes que establecía que Hunter Biden se declararía culpable de los delitos de evasión para evitar ir a la cárcel por el cargo de posesión de armas, que podría resultar en una sentencia de hasta 10 años en prisión, y la inmunidad más amplia que se le había concedido al atribulado hijo del mandatario del país norteamericano.
Vale recordar que los abogados de Hunter Biden habían conseguido una llamativa concesión de la Fiscalía (que, recordemos, en representación del Estado está obligada a buscar la pena más alta posible).
El acuerdo era que si aceptaba su culpabilidad por no haber pagado 100.000 dólares en impuestos por sus actividades como cabildero de empresas extranjeras, no solo no iría a la cárcel por la posesión ilegal de una Colt Cobra del calibre 38 Special y este delito se le borraría de su expediente, sino que la justicia no podía condenarlo en investigaciones futuras sobre posibles delitos cometidos durante su polémico paso como cabildero.
Esto habría prendido las alarmas de la jueza Maryellen Noreika, del tribunal federal de Wilmington, en Delaware, reavivando las sospechas en la prensa estadounidense sobre potenciales ilícitos cometidos por la familia Biden —señalada por aceptar 10 millones de dólares para ayudar a poner fin a una investigación en contra de la compañía ucraniana Burisma— y los intentos de buscar blindaje de la Justicia.
«Presentó declaraciones con varios años de retraso, y cuando las presentó, reclamó como deducciones comerciales el costo de la habitación de hotel de su vendedor de drogas, prostitutas, cuotas de un club de sexo y la matrícula de su hija en la Universidad de Columbia».
Estos agentes, que testificaron en una audiencia del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes el 19 de julio, denunciaron que el Departamento de Justicia había frustrado la investigación sobre Hunter Biden y violado las normas de aplicación de la ley.
Entre las irregularidades que mencionaron, señala O’Connor, se incluye negar el permiso para ejecutar órdenes de allanamiento para las cuales los fiscales acordaron que se había establecido una causa probable, incluida la casa de huéspedes que Hunter Biden había ocupado en la casa de su padre en Delaware.
También se señaló detener la investigación sobre el hijo del entonces candidato demócrata argumentando la proximidad (6 meses) de las elecciones presidenciales del 2020, cuando la tradición del Departamento de Justicia es abstenerse de acusar o abrir investigaciones vinculadas a alguno de los aspirantes solo 60 días antes de los comicios.
Además, alertar a los abogados de Hunter Biden de que se ejecutaría una orden de allanamiento para obtener documentos y otras pruebas; y negarle la autoridad a los agentes del Servicio Interno de Impuestos para entrevistar a testigos esenciales, incluidos miembros de la familia Biden y sus socios comerciales, junto a aquellos que podrían arrojar luz sobre el significado de «10% en manos de H para el tipo grande», un comentario escrito por el hijo del presidente en uno de sus correos que sugieren que su padre podría haber sido parte del esquema de corrupción del que participaba cuando formaba parte del consejo de administración de la empresa ucraniana Burisma.
La columnista también recuerda que el agente especial supervisor del Servicio Interno de Impuestos Gary Shapley testificó que el abogado David Weiss, el fiscal que lleva adelante la acusación contra Hunter Biden, rechazó varias veces presentar cargos contra el Biden hijo y que dejó que expirara el estatuto de limitaciones para juzgarlo.
«Durante muchos años, la política del Departamento de Justicia ha sido acusar al delito más grave que pueda probarse. El señor [Merrick] Garland (fiscal general de EEUU) cambió esa política en diciembre de 2022», añade.
«Sin embargo, el Manual de la División de Impuestos todavía establece que los fiscales tienen específicamente prohibido permitir que un acusado se declare culpable de un delito menor cuando se pueden probar los elementos de un delito grave. Sin embargo, según los relatos de los denunciantes eso es lo que está sucediendo aquí».
Por todas estas razones, la abogada y especialista Eileen J. O’Connor afirma que, teniendo en consideración todos estos elementos, el Departamento de Justicia violó todas las normas del libro de aplicación de impuestos al llegar a su acuerdo de culpabilidad con Hunter Biden.
Y concluye: «Es difícil no preguntarse si esas líneas de investigación [bloqueadas por el Departamento de Justicia] habrían encontrado evidencia de que Joe Biden estuvo involucrado en las aparentes extorsiones de su hijo a gobiernos y entidades extranjeras».
