La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, trabaja en una nueva estrategia comercial que contempla la imposición de gravámenes a más de un centenar de países, con el objetivo de fortalecer la política económica impulsada durante su segundo mandato y responder a los recientes fallos judiciales que limitaron la aplicación de medidas similares. El gobierno estadounidense sostiene que esta nueva propuesta cuenta con fundamentos jurídicos más sólidos para resistir futuras impugnaciones y mantener su estrategia de protección comercial.
El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, explicó que la administración federal reconstruye el esquema de tarifas luego de que la Corte Suprema invalidó buena parte de los aranceles generalizados implementados anteriormente. El funcionario afirmó que las autoridades diseñan un marco legal diferente con el propósito de garantizar la permanencia de las medidas y evitar que nuevas resoluciones judiciales frenen su aplicación. La estrategia busca consolidar los nuevos aranceles de Trump mediante argumentos legales que el gobierno considera más resistentes.
Como parte de esta política, Washington ya propuso un paquete de aranceles cercano al 10 por ciento para más de 80 países, bajo el argumento de que diversas naciones presentan deficiencias en sus legislaciones relacionadas con el combate al trabajo forzoso y otras prácticas laborales coercitivas. Posteriormente, la administración estadounidense planea anunciar una segunda ronda de gravámenes dirigida a más de 40 países, a los que señala por mantener subsidios industriales, manipulación cambiaria y otras prácticas que considera desleales para el comercio internacional.
De concretarse ambos paquetes, Estados Unidos alcanzaría uno de los niveles arancelarios más elevados registrados en aproximadamente un siglo, situación que podría modificar el panorama del comercio global y generar nuevas tensiones económicas con varios de sus principales socios comerciales. Analistas consideran que estas medidas también tendrían efectos sobre las cadenas internacionales de suministro y sobre los costos de importación para diversos sectores productivos.
Jamieson Greer defendió la estrategia impulsada por la administración de Donald Trump al asegurar que la política comercial ya produjo cambios importantes en la economía estadounidense. El funcionario afirmó que las medidas contribuyeron a reducir el déficit comercial, fortalecer el proceso de relocalización de industrias, incentivar la generación de empleos y mejorar las condiciones salariales en algunos sectores productivos, por lo que descartó modificar el rumbo de la política económica.
El representante comercial también rechazó que la resolución de la Corte Suprema represente un revés definitivo para la estrategia del gobierno, al insistir en que el crecimiento del déficit comercial justificó el uso de mecanismos extraordinarios para proteger la economía nacional. En ese contexto, la administración mantiene firme su intención de avanzar con los nuevos aranceles de Trump, mientras redefine el marco jurídico que respaldará las futuras acciones comerciales frente al resto del mundo.