La Suprema Corte de Justicia de la Nación suspendió de manera provisional cualquier resolución que pudiera derivar en la destitución o inhabilitación del gobernador de Nuevo León, Samuel García, mientras analiza la controversia constitucional promovida por el Poder Ejecutivo estatal. La determinación impide que el Congreso local concluya el juicio político contra Samuel García y emita una resolución definitiva hasta que el máximo tribunal resuelva el fondo del asunto.
La ministra María Estela Ríos concedió la suspensión solicitada por el Ejecutivo de Nuevo León, que presentó la controversia constitucional a finales de junio para impugnar el procedimiento iniciado por el Congreso estatal. La denuncia promovida por legisladores de Morena señala presuntos actos de peculado, enriquecimiento ilícito y otras irregularidades, acusaciones que forman parte del proceso legislativo actualmente detenido por la decisión de la Suprema Corte.
En la resolución, la ministra argumentó que permitir una eventual separación del cargo antes de resolver la controversia podría ocasionar un daño de difícil reparación, debido a que el tiempo durante el cual un gobernador deja de ejercer un cargo de elección popular no puede recuperarse posteriormente. También consideró que la suspensión protege la continuidad de las funciones del Poder Ejecutivo y garantiza el adecuado funcionamiento de la administración pública estatal mientras continúa el análisis jurídico.
La medida cautelar permanecerá vigente por tiempo indefinido mientras la Suprema Corte estudia la legalidad de los actos atribuidos por el gobierno estatal a la Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León. Debido a los tiempos que suelen requerir este tipo de procedimientos constitucionales, el análisis podría extenderse durante varios meses antes de que los ministros emitan una resolución definitiva sobre el conflicto entre ambos poderes.
Aunque el Congreso de Nuevo León conserva la posibilidad de impugnar la suspensión mediante un recurso de reclamación ante el Pleno de la Suprema Corte, existen diversos antecedentes en los que el máximo tribunal ha concedido medidas similares para impedir la destitución inmediata de gobernadores durante el desarrollo de un juicio político contra Samuel García o de otros procedimientos equivalentes en distintas entidades del país.
La suspensión otorgada por la ministra se suma a otra protección legal obtenida recientemente por el mandatario estatal mediante un juicio de amparo promovido a título personal ante una jueza federal en Monterrey. En esa resolución, la autoridad judicial ordenó a los diputados locales abstenerse de emitir un dictamen, resolución o acuerdo definitivo que pudiera someterse a votación en el Pleno del Congreso mientras continúa el proceso de revisión correspondiente.
Samuel García ya había recurrido anteriormente a la Suprema Corte por otro procedimiento de juicio político iniciado en 2023, relacionado con la reconducción del presupuesto estatal de 2022 para ejercicios posteriores. Ese conflicto formó parte de las diferencias institucionales que el gobernador ha mantenido con el Congreso y otros poderes de Nuevo León desde el inicio de su administración en octubre de 2021.
En mayo de 2024, la anterior integración de la Suprema Corte declaró inválida una disposición de la Constitución de Nuevo León que facultaba al Congreso para separar de manera inmediata del cargo a un funcionario sujeto a juicio político antes de determinar su responsabilidad. Ese precedente forma parte del contexto jurídico que ahora rodea el nuevo procedimiento promovido contra el gobernador y que permanece suspendido mientras continúa el análisis constitucional.