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DEMANDAN A ROBOTS DE REPARTO POR ESCANEAR ROSTROS

La privacidad biométrica llega a los tribunales: clientes acusan a robots de reparto de escanear rostros y compartir datos sin consentimiento

Pilar3 min de lectura
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DEMANDAN A ROBOTS DE REPARTO POR ESCANEAR ROSTROS

Dos demandas colectivas presentadas en Chicago ponen bajo escrutinio la privacidad de los usuarios de robots de reparto de comida. Clientes acusan a Coco Robotics y Serve Robotics de escanear sus rostros y manos sin informarles ni solicitar su consentimiento. Las denuncias, presentadas el 9 de octubre ante un tribunal del condado de Cook, señalan que las máquinas utilizan cámaras y sensores LiDAR para captar información física que podría identificar a las personas. El caso abre un debate sobre la privacidad biométrica y los límites de la inteligencia artificial en espacios públicos, especialmente cuando los consumidores reciben entregas automatizadas sin haber elegido esta modalidad.

Según las demandas, Mitchell Breidinger y Barry Schain vivieron situaciones similares al recoger sus pedidos. Breidinger, vecino de Near North Side, afirma que solicitó comestibles mediante DoorDash en septiembre de 2025, pero la plataforma asignó la entrega a un robot de Coco sin que él seleccionara esa opción. Para retirar la compra, tuvo que acercarse al dispositivo e introducir un código. La denuncia sostiene que las cámaras captaron su rostro, cabeza y manos, mientras el sistema LiDAR midió su geometría. También asegura que un operador remoto observó la transmisión en tiempo real. Breidinger afirma que la compañía no le explicó por escrito qué datos recopilaba, cuánto tiempo los conservaría ni para qué los utilizaría.

La segunda demanda, presentada por Schain, describe una experiencia parecida con Serve Robotics. El residente de Lincoln Park asegura que recibió tres entregas mediante estos robots y que la más reciente ocurrió el 4 de octubre, después de que Uber Eats asignara uno a su pedido sin que él lo solicitara. Ambas denuncias sostienen que las empresas guardan videos y registros de sensores para entrenar sistemas de inteligencia artificial. Además, el reclamo contra Serve menciona divulgaciones sobre licencias de conjuntos de datos de video y LiDAR a terceros. En el caso de Coco, la demanda alega que la empresa compartió información recopilada por sus robots con OpenAI y otras organizaciones. Los demandantes también afirman que los datos físicos quedan asociados con nombres y direcciones, lo que podría vincularlos con personas identificables.

Las acusaciones se apoyan en la Ley de Privacidad Biométrica de Illinois, que establece obligaciones para las empresas que recopilan esta clase de información. Entre ellas figuran informar por escrito qué datos obtienen y con qué propósito, conseguir el consentimiento escrito de las personas y mantener una política de conservación y destrucción de los registros. Sin embargo, ambas compañías rechazan las acusaciones. Coco sostiene que la demanda interpreta incorrectamente su tecnología y niega haber recopilado datos biométricos en Chicago. La empresa asegura que comparte datos de navegación para mejorar la seguridad de las aceras y facilitar herramientas de accesibilidad, como BlindSquare, dirigida a personas ciegas o con baja visión. Serve, por su parte, afirma que sus cámaras y sensores permiten circular de forma segura y que no utiliza esos registros para identificar personas ni crear perfiles biométricos.

Los demandantes solicitan indemnizaciones de 1,000 dólares por cada infracción negligente y de 5,000 dólares por cada infracción intencional o temeraria, además de otras medidas legales. Por ahora, las denuncias contienen acusaciones que deberán examinarse en los tribunales; no constituyen una determinación judicial de responsabilidad. El caso se suma a las críticas que enfrentan los robots de reparto en Chicago desde el inicio del programa piloto en 2022. Residentes han denunciado obstáculos en aceras y cruces peatonales, problemas de accesibilidad y accidentes con mobiliario urbano. La ciudad mantiene el programa bajo supervisión municipal y prevé que expire en mayo de 2027, salvo que el concejo apruebe una extensión. Más allá del resultado judicial, la controversia plantea una pregunta central: ¿qué información pueden recopilar las tecnologías de entrega automatizada cuando las personas no tienen una opción clara para evitarlas?