El despojo de viviendas mantiene en alerta a la Ciudad de México durante 2026. Entre enero y junio, la Fiscalía General de Justicia capitalina abrió mil 978 carpetas de investigación, frente a mil 901 en el mismo periodo de 2025. Esto representa un incremento cercano al 4%. El problema incluye ocupaciones irregulares, engaños, conflictos por la posesión de inmuebles y casos donde aparecen posibles redes dedicadas a apropiarse de propiedades. Ante el aumento de denuncias, el Gobierno de Clara Brugada reforzó su estrategia contra este delito. Además, esta semana comenzó un programa gratuito de acompañamiento jurídico para personas que llevan meses o incluso años intentando recuperar su patrimonio.

CASI DOS MIL INVESTIGACIONES EN SOLO SEIS MESES

Las cifras muestran que el problema no se limita a casos aislados. Durante el primer semestre de 2026 se registraron decenas de investigaciones cada semana en la capital. Iztapalapa y Gustavo A. Madero aparecen entre las alcaldías con más denuncias reportadas en ese periodo. Además, la fiscal Bertha Alcalde Luján informó en julio que la institución ya tiene identificadas algunas redes relacionadas con despojos y mantiene bajo investigación a distintos objetivos prioritarios. Sin embargo, las autoridades han advertido que bajo la misma categoría pueden aparecer situaciones diferentes. Algunas corresponden a posibles delitos, mientras otras surgen de conflictos familiares, sucesorios, civiles, vecinales o entre propietarios e inquilinos.

El despojo de viviendas tampoco significa únicamente que un grupo ingrese por la fuerza a una casa vacía. El Código Penal capitalino contempla situaciones donde alguien ocupa o utiliza un inmueble ajeno mediante violencia, engaño o de manera furtiva. También existen investigaciones relacionadas con documentos, disputas sobre derechos de posesión y maniobras que pueden terminar en procesos civiles o penales. Esta variedad vuelve más complicada la atención de las víctimas. En algunos casos, las personas poseen escrituras o documentos, pero deben demostrar jurídicamente su derecho sobre el inmueble. Mientras eso ocurre, un conflicto patrimonial puede prolongarse durante meses o años y generar gastos, amenazas y pérdida del acceso a la propiedad.

MÁS DE 300 PERSONAS BUSCARON AYUDA EN UN SOLO DÍA

La dimensión del problema quedó expuesta el pasado 24 de agosto con el inicio del Programa de Defensoría Social Ponciano Arriaga. El Gobierno capitalino desplegó a 100 abogados para ofrecer asesoría y acompañamiento gratuito. Más de 300 personas acudieron al Zócalo durante la primera jornada, algunas con expedientes y carpetas que acumulan varios años. La iniciativa busca orientar jurídicamente a quienes denuncian haber perdido viviendas o propiedades mediante diferentes mecanismos. El programa surgió como parte del reforzamiento de la estrategia contra el despojo y pretende facilitar el acceso a una defensa legal, especialmente para quienes no cuentan con recursos suficientes para sostener procedimientos prolongados.

Las acciones no se han limitado a la asesoría. El gobierno capitalino informó que, durante los primeros 12 días del reforzamiento de su estrategia, la Fiscalía recibió 89 denuncias y determinó que 14 podían corresponder a posibles despojos. También reportó ocho inmuebles asegurados dentro de esas investigaciones. Al mismo tiempo, la dependencia revisó expedientes anteriores y consiguió otros 24 aseguramientos, además de órdenes de aprehensión y acuerdos mediante mecanismos alternativos. Meses antes, entre el 23 y el 27 de marzo, las autoridades realizaron 14 intervenciones en ocho alcaldías. Estas incluyeron restituciones, aseguramientos y medidas para impedir nuevos ingresos irregulares a propiedades sujetas a investigación.

ENTRE REDES CRIMINALES Y CONFLICTOS FAMILIARES

Uno de los principales retos consiste precisamente en evitar que todos los casos sean tratados como si fueran iguales. La Fiscalía reconoce que existen grupos que buscan ganancias económicas mediante la apropiación ilegal de inmuebles, especialmente cuando detectan propietarios vulnerables. Sin embargo, otras denuncias nacen de divorcios, herencias, arrendamientos o disputas familiares que requieren caminos jurídicos distintos. Separar ambos fenómenos resulta fundamental para investigar a las posibles redes criminales sin convertir automáticamente cualquier conflicto inmobiliario en un delito organizado. La nueva atención jurídica puede ayudar a realizar esa distinción, pero el crecimiento registrado durante 2026 también muestra que endurecer las penas no ha sido suficiente para eliminar el problema.

El despojo representa algo más que una disputa sobre metros cuadrados. Para las víctimas puede significar perder el patrimonio acumulado durante décadas y entrar en procedimientos legales difíciles de sostener. Por ello, el desafío para la Ciudad de México será comprobar si los nuevos operativos, aseguramientos y servicios de defensa gratuita consiguen reducir los casos y acelerar la restitución de propiedades. Las primeras cifras de 2026 muestran un incremento en las investigaciones, mientras cientos de personas continúan buscando respuestas. La evolución del despojo de viviendas dependerá ahora no solamente del número de denuncias, sino de cuántos casos logren resolverse y cuántas víctimas puedan recuperar efectivamente su patrimonio.