La deuda pública de México volvió al centro del debate en el Senado durante la discusión del Paquete Económico 2027. El senador por Aguascalientes, Toño Martín del Campo, cuestionó este lunes el crecimiento de las obligaciones financieras del país y, sobre todo, el dinero que deberá destinarse únicamente al pago de intereses. Su señalamiento parte de una preocupación concreta: mientras una parte cada vez mayor de los ingresos públicos se compromete para cubrir deuda, continúan pendientes problemas en hospitales, carreteras, seguridad, agua e infraestructura. El debate, por tanto, no se limita a cuánto debe México, sino a qué obtiene el país a cambio de seguir recurriendo al financiamiento.
Martín del Campo sostuvo que la deuda se encontraba alrededor de los 10.5 billones de pesos en 2018 y podría superar los 21 billones hacia 2027. Además, cuestionó la autorización de nuevo endeudamiento contemplada para el próximo ejercicio fiscal. La iniciativa de Ley de Ingresos plantea ingresos derivados de financiamientos por alrededor de 1.48 billones de pesos y permite al Ejecutivo Federal contratar hasta 1.7 billones de pesos de endeudamiento interno neto. Sin embargo, conviene distinguir entre estas cifras y el saldo total de la deuda, pues no representan exactamente el mismo concepto. Ese matiz resulta importante para entender una discusión donde los números pueden ser políticamente contundentes, pero necesitan contexto para explicar realmente el estado de las finanzas nacionales.
El punto que concentra buena parte de la discusión sobre la deuda pública de México está en su costo financiero. Martín del Campo advirtió que una cantidad considerable del presupuesto deberá utilizarse para cubrir intereses y obligaciones acumuladas, recursos que ya no pueden destinarse a otros rubros. Desde la oposición, el senador sostiene que el endeudamiento debería reflejarse con mayor claridad en infraestructura, servicios y mejores condiciones para la población. Hacienda, por su parte, presenta una lectura distinta: proyecta que la deuda se mantendrá alrededor del 55 por ciento del Producto Interno Bruto durante 2027 y asegura que continuará una reducción gradual del déficit. También sostiene que el financiamiento permitirá respaldar inversión pública y proyectos considerados estratégicos.
La discusión ocurre mientras el Congreso analiza un paquete que estima ingresos federales por más de 10.6 billones de pesos para 2027 y que deberá definir cuánto podrá gastar el gobierno, de dónde saldrán esos recursos y qué parte tendrá que obtener mediante financiamiento. Más allá del choque entre gobierno y oposición, ahí se encuentra la pregunta de fondo: no toda deuda representa por sí misma una crisis, pero tampoco puede juzgarse únicamente por su tamaño. Importa cuánto cuesta mantenerla, qué proporción ocupa dentro de la economía y, especialmente, para qué se utiliza. Si el endeudamiento financia infraestructura capaz de generar crecimiento, su efecto puede extenderse durante años; si únicamente cubre obligaciones anteriores, el margen para atender nuevas necesidades se vuelve cada vez más estrecho.