Keiko Fujimori asumió este martes la presidencia de Perú para un mandato de cinco años en un escenario marcado por la incertidumbre política y el aumento de la violencia. La nueva mandataria inicia su gestión con el desafío de recuperar la confianza ciudadana mientras enfrenta una creciente ola de extorsiones y crimen organizado. En este contexto, la presidencia de Keiko Fujimori despierta expectativas y también fuertes cuestionamientos debido al legado político de su padre, Alberto Fujimori. Tras imponerse en una ajustada segunda vuelta electoral, la líder conservadora regresa al Palacio de Gobierno, donde vivió durante la década de 1990, pero ahora con la responsabilidad de conducir un país que busca estabilidad tras una década de constantes cambios de gobierno.
Uno de los principales desafíos del nuevo gobierno será contener la expansión de la delincuencia organizada, un problema que afecta cada vez más a comerciantes, transportistas y pequeños empresarios. Las cifras oficiales muestran un crecimiento acelerado de las denuncias por extorsión durante los últimos años, una situación que ha impactado la economía de miles de familias y ha provocado centenares de muertes, especialmente entre mototaxistas que trabajan en zonas vulnerables. Además, Fujimori prometió aplicar una estrategia de seguridad basada en la llamada “mano dura”, inspirada en el modelo implementado por el presidente salvadoreño Nayib Bukele. Entre sus propuestas destacan la construcción de una prisión de máxima seguridad y la implementación de jueces con identidad reservada para enfrentar al crimen organizado.
Sin embargo, la presidencia de Keiko Fujimori también comienza bajo una intensa presión política y social. Diversos sectores de la oposición exigen la derogación de leyes aprobadas durante el anterior Parlamento, dominado por el fujimorismo, porque consideran que debilitan las herramientas legales para combatir las organizaciones criminales. Asimismo, familiares de las víctimas de las protestas registradas entre 2022 y 2023 reclaman la creación de una comisión que investigue la muerte de 50 civiles durante las manifestaciones posteriores a la destitución del entonces presidente Pedro Castillo. Estas demandas reflejan que el nuevo gobierno deberá enfrentar no solo problemas de seguridad, sino también una profunda división política y social.
El inicio del mandato de Fujimori representa un nuevo capítulo para Perú después de años de inestabilidad institucional, en los que el país tuvo ocho presidentes en una década. Aunque la economía mantiene indicadores favorables gracias al impulso de las exportaciones de minerales, el desafío será traducir ese crecimiento en mejores condiciones para la población y recuperar la confianza en las instituciones. El rumbo que adopte el nuevo gobierno en materia de seguridad, justicia y reconciliación será determinante para definir si el país logra superar la polarización que ha marcado los últimos años o si las tensiones continúan condicionando su futuro político.