Cada 30 de agosto, el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas recuerda a quienes fueron arrancados de sus familias y nunca regresaron. En México, la fecha adquiere un peso especialmente doloroso. Las desapariciones en México mantienen a más de 133 mil personas con estatus de desaparecidas o no localizadas, de acuerdo con cifras reportadas durante 2026. Detrás de cada registro existe una familia que espera una llamada, una identificación o cualquier indicio que permita saber qué ocurrió. Naciones Unidas estableció esta conmemoración para exigir verdad, justicia, reparación y acciones contra una práctica que puede prolongar durante años el sufrimiento de las víctimas y sus comunidades.
NO TODA DESAPARICIÓN ES UNA DESAPARICIÓN FORZADA
La precisión es importante. El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas incluye distintos tipos de casos. Por ello, sus más de 133 mil registros activos no pueden considerarse automáticamente desapariciones forzadas. El derecho internacional utiliza este término cuando agentes del Estado participan en la privación de libertad, o cuando personas o grupos actúan con su autorización, apoyo o aquiescencia, y posteriormente se oculta el destino de la víctima. México también reconoce legalmente la desaparición cometida por particulares. Amnistía Internacional ha advertido que todavía no existe información suficiente para determinar cuántos casos del registro nacional corresponden específicamente a desaparición forzada y cuántos pertenecen a otras modalidades.
MÉXICO LLEGÓ EN 2026 A UNA DISCUSIÓN INTERNACIONAL
La situación de las desapariciones en México adquirió este año una dimensión internacional todavía mayor. En marzo de 2026, el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas decidió llevar de manera urgente el caso mexicano ante la Asamblea General. El organismo consideró que existen indicios fundados de desapariciones forzadas cometidas dentro de varios ataques generalizados o sistemáticos ocurridos en distintos lugares y momentos del país. Sin embargo, el propio Comité señaló que no encontró indicios de una política federal dirigida a cometer esas desapariciones. El gobierno mexicano rechazó que exista una práctica generalizada o sistemática atribuible al Estado y cuestionó parte de la interpretación utilizada por el Comité.
LAS FAMILIAS TERMINARON CONVIRTIÉNDOSE EN BUSCADORAS
Uno de los rostros más visibles de esta crisis son las madres, hermanas, esposas, padres e hijos que organizan búsquedas por cuenta propia. Muchas familias han aprendido a utilizar palas, mapas, fotografías aéreas y técnicas de identificación porque consideran insuficiente la respuesta institucional. Algunas recorren terrenos, barrancas y zonas rurales buscando fosas clandestinas. Otras revisan hospitales, servicios forenses y centros penitenciarios. Amnistía Internacional ha documentado amenazas, desplazamientos, agresiones y asesinatos contra personas buscadoras. La organización ha insistido en que su participación no sustituye la responsabilidad del Estado. Buscar a una persona desaparecida, investigar el delito e identificar a los responsables continúa siendo una obligación de las autoridades.
EL PROBLEMA TAMBIÉN ES FORENSE
Encontrar un cuerpo tampoco significa necesariamente devolver inmediatamente una identidad. México mantiene una profunda crisis forense vinculada con miles de restos humanos pendientes de identificación. Esta situación aumenta la incertidumbre de familias que, en algunos casos, llevan años buscando mientras existen cuerpos almacenados bajo resguardo institucional. El Comité de la ONU ha señalado problemas relacionados con fosas clandestinas, cuerpos sin identificar, investigaciones insuficientes y obstáculos para acceder a la verdad y la justicia. Por ello, resolver la crisis requiere algo más que aumentar operativos de búsqueda. También necesita fortalecer fiscalías, servicios forenses, intercambio de información entre instituciones y mecanismos que permitan comparar rápidamente perfiles genéticos y datos de personas desaparecidas.
EL 30 DE AGOSTO NO DEBERÍA SER SOLO UNA EFEMÉRIDE
En 2026 se cumplen además 20 años de la adopción de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Naciones Unidas eligió para este aniversario el lema “Las víctimas primero. Acciones ya”, una frase que en México resulta particularmente difícil de ignorar.
La magnitud del registro nacional puede convertir la crisis en una sucesión de números. Sin embargo, cada cifra representa una silla vacía, una fotografía pegada en una pared y una familia que continúa preguntando dónde está alguien.
El 30 de agosto sirve para recordar a las víctimas, pero también para exigir algo más difícil: buscar, identificar, investigar y explicar qué ocurrió. Mientras miles de familias tengan que salir al campo a realizar tareas que deberían contar con una respuesta institucional suficiente, la desaparición seguirá siendo una de las heridas más profundas del México contemporáneo.