La Diputación Permanente del LXVI Congreso de Aguascalientes abordó este 24 de agosto una propuesta para reforzar la protección de mujeres y otras víctimas que ya cuentan con medidas contra sus agresores. Durante la sesión, encabezada por la diputada Alma Hilda Medina Macías, la legisladora Nancy Gutiérrez presentó una iniciativa para establecer consecuencias más severas contra quienes incumplan una orden de protección vigente. La propuesta pone atención en un momento especialmente delicado: cuando una persona ya denunció una situación de violencia, consiguió una medida de protección y, pese a ello, el agresor decide ignorarla. La intención es impedir que una amenaza previamente identificada pueda escalar hacia una nueva agresión o consecuencias todavía más graves.

¿QUÉ CAMBIARÍA CON LA PROPUESTA?

Durante la reunión, que inició alrededor de las 13:21 horas, Nancy Gutiérrez explicó la necesidad de reformar la legislación relacionada con la protección de las mujeres. Uno de los puntos planteados consiste en sancionar a quienes incumplan una medida u orden previamente emitida contra ellos. La propuesta contempla situaciones relacionadas con violencia de género y casos donde las víctimas sean menores de edad o personas con discapacidad. También considera circunstancias en las que exista violencia física contra la víctima. El planteamiento parte de un problema concreto: una orden pierde buena parte de su capacidad preventiva cuando su incumplimiento no provoca una respuesta suficientemente rápida. Por ello, se busca que ignorar estas medidas tenga consecuencias claras para el agresor.

UNA ORDEN NO DEBE QUEDARSE EN EL PAPEL

La discusión sobre una orden de protección vigente resulta relevante porque obtenerla debería representar una barrera efectiva frente a nuevas agresiones. Durante su intervención, Nancy Gutiérrez destacó precisamente la responsabilidad que adquieren las instituciones cuando una víctima decide denunciar. “Cuando una mujer reúne el valor [...] es nuestro deber proceder”, expresó durante la sesión. La legisladora añadió una advertencia sobre las consecuencias de no actuar oportunamente: “No podemos permitir que una amenaza se vuelva agresión y una agresión, tragedia”. El planteamiento pone sobre la mesa una cuestión importante. Una medida de protección no debería entenderse únicamente como un trámite jurídico, sino como una herramienta que necesita vigilancia, seguimiento y capacidad real de respuesta cuando alguien decide quebrantarla.

PROTECCIÓN PARA MUJERES Y GRUPOS VULNERABLES

La propuesta también contempla agravantes cuando la violencia afecte a personas en condiciones de mayor vulnerabilidad. Entre ellas se encuentran menores de edad y personas con discapacidad. La intención es que las circunstancias particulares de la víctima tengan peso al momento de determinar las consecuencias para quien incumpla una orden. Además, se habló de considerar la violencia física y las agresiones relacionadas con razones de género. Este punto resulta importante porque las medidas de protección suelen aparecer cuando ya existen antecedentes que indican un posible riesgo. Esperar una nueva agresión para intervenir puede llegar demasiado tarde. Por ello, fortalecer las consecuencias ante el incumplimiento busca trasladar parte de la respuesta institucional hacia la prevención y no solamente hacia la sanción posterior al daño.

EL RETO SERÁ HACER EFECTIVAS LAS MEDIDAS

Endurecer la legislación puede representar un avance, pero el verdadero reto estará en su aplicación. Una orden de protección sirve cuando las autoridades pueden reaccionar rápidamente ante su incumplimiento. También necesita coordinación entre policías, fiscalías, juzgados y las instituciones encargadas de atender a las víctimas. De poco serviría establecer nuevas sanciones si una mujer denuncia que su agresor volvió a acercarse y la respuesta institucional llega después de varias horas o días. En este sentido, la discusión legislativa abre una oportunidad para revisar no solamente las penas, sino los mecanismos que permiten hacer cumplir estas medidas. La prevención de la violencia exige que una denuncia genere acciones concretas y que el agresor comprenda que ignorar una restricción tendrá consecuencias.

LAS PROPUESTAS CONTINUARÁN SU PROCESO

Al finalizar la exposición, Alma Hilda Medina Macías instruyó que las propuestas fueran presentadas por escrito para continuar con su análisis y eventual aprobación en una próxima sesión. La reunión concluyó alrededor de las 13:36 horas. El siguiente paso será conocer cómo quedará formulada la iniciativa y cuáles serán las sanciones específicas planteadas para quienes incumplan las medidas. Más allá de la discusión jurídica, el tema toca directamente la capacidad del Estado para proteger a una persona después de que decidió pedir ayuda. Conseguir una orden no debería significar que la víctima tenga que seguir viviendo pendiente de si su agresor decide respetarla. Si existe una restricción legal, también debe existir la capacidad institucional para hacerla cumplir.