La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que los lineamientos relacionados con los derechos de las audiencias no pretenden censurar a los medios de comunicación, sino fortalecer el acceso de la población a información plural y de calidad. Durante su conferencia matutina respondió a las críticas surgidas tras la difusión del proyecto, al afirmar que el propósito del Gobierno federal consiste en garantizar un derecho constitucional y no limitar el ejercicio periodístico ni la libertad de expresión.

La mandataria explicó que los lineamientos todavía no entran en vigor porque permanecen en un proceso de consulta pública que concluirá el próximo 21 de agosto. En ese periodo, concesionarios de radio y televisión, organizaciones civiles, especialistas y ciudadanos pueden presentar observaciones o propuestas para modificar el contenido del documento antes de que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones emita la versión definitiva.

Sheinbaum recordó que la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión se aprobó hace varios meses y señaló que la elaboración de ese marco legal incluyó conversaciones con representantes de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión. Según la presidenta, el desarrollo de los lineamientos responde a una obligación establecida en esa legislación y busca ofrecer mecanismos claros para atender las inconformidades de las audiencias.

No obstante, la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión expresó preocupación por algunos apartados del proyecto, al considerar que contienen conceptos ambiguos sobre información falsa o descontextualizada. El organismo también advirtió que las facultades otorgadas a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones podrían derivar en revisiones de decisiones tomadas por las defensorías de las audiencias y abrir espacio a interpretaciones que generen incertidumbre entre los concesionarios.

La presidenta respondió que las personas encargadas de las defensorías no actuarán como filtros editoriales ni tendrán la función de autorizar contenidos antes de su difusión. Explicó que esas figuras recibirán las inconformidades presentadas por la ciudadanía y canalizarán las observaciones correspondientes, además de recordar que cada empresa designa a su propia persona defensora conforme a las disposiciones establecidas.

Uno de los aspectos que concentra mayor debate corresponde al régimen de sanciones previsto en el proyecto. Sheinbaum reconoció que ese punto genera opiniones encontradas, motivo por el cual el Gobierno decidió mantenerlo dentro del proceso de consulta pública. La propuesta establece que, cuando un medio ignore una recomendación emitida por su defensoría, la audiencia podrá acudir ante la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones para solicitar la intervención del organismo y, en su caso, la aplicación de sanciones.

La CIRT cuestionó especialmente las multas contempladas en el proyecto, debido a que podrían alcanzar hasta el uno por ciento de los ingresos anuales acumulados de los concesionarios o programadores. El organismo considera que esos montos rebasan los supuestos previstos en la legislación vigente y pidió revisar el esquema sancionador antes de aprobar los lineamientos definitivos.

Al responder sobre la posibilidad de que las disposiciones afecten críticas dirigidas al Gobierno, Sheinbaum rechazó esa interpretación y sostuvo que la autoridad no promoverá las quejas contra los medios de comunicación. Indicó que la ciudadanía será la única facultada para presentar inconformidades cuando considere vulnerado su derecho a recibir información, por lo que insistió en que el objetivo central consiste en fortalecer los mecanismos de participación y proteger los derechos de las audiencias sin restringir la libertad de expresión.